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El 70% de la seguridad barrial no está registrada

 

LA PLATA.- El dato es tan contundente como alarmante: alrededor del 70 por ciento de los servicios de seguridad vecinal que custodian barrios en la provincia de Buenos Aires no está registrado y, por lo tanto, ejerce su actividad en forma clandestina.

Según estimaciones extraoficiales del gobierno provincial, cerca de 10.000 vigiladores trabajarían por cuenta propia -sin pertenecer a ninguna empresa de seguridad- en rondas y custodias de barrios y otros objetivos, especialmente en el Gran Buenos Aires.

El fenómeno de la vigilancia barrial que no es prestada por compañías debidamente habilitadas se manifiesta sobre todo en zonas de clase media y surgió con fuerza después de 2002, cuando una persistente sensación de inseguridad envolvió a la población.

La seguridad a cargo de guardias vecinales se convirtió en el segmento más crítico de un sector históricamente jaqueado por la irregularidad. Se sabe que la mitad de los vigiladores de las agencias privadas de seguridad que trabajan en la provincia no están registrados.

Las anomalías en territorio provincial superan en mucho la media nacional, que se ubica en el orden del 30 por ciento, según datos de la Cámara Argentina de Seguridad e Investigaciones (Caesi).

La Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad, conducida por Carlos Pagella -que no quiso responder a las preguntas de LA NACION-, tiene registradas 840 agencias de seguridad privada en la provincia. En ellas trabajan más de 42.000 custodios que portan unas 26.000 armas declaradas. No obstante, se calcula que, como mínimo, otros 20.000 vigiladores, que se desempeñan en agencias privadas no están registrados. En esta estimación coinciden tanto las fuentes oficiales como las privadas. Según la última información oficial conocida, durante las 1621 inspecciones efectuadas entre 2004 y 2005 se labraron 1537 infracciones. De ellas, el 30% corresponde a la prestación de servicios clandestinos.

Pocos inspectores

Pero ocurre que, precisamente, uno de los principales problemas para el control de los servicios privados de seguridad radica en la existencia de un cuerpo de inspectores insuficiente y sin especialización. Así, apenas 200 inspectores -que son policías comunes- realizan la titánica tarea de controlar a un ejército con más de 67.000 hombres con casi 10.000 objetivos de custodia.

"Las garitas y los vigiladores vecinales clandestinos proliferan en barrios de clase media porque los clientes no pueden pagar las tarifas de una empresa de seguridad y contratan individualmente a una o dos personas que se ofrecen para el servicio", admitió el subsecretario de Seguridad bonaerense, Martín Arias Duval, que también reconoció la peligrosidad que implica contratar este tipo de servicios.

La diferencia es notoria: mientras que el servicio de una agencia registrada en el exclusivo barrio de La Horqueta puede llegar a costar hasta 150 pesos mensuales por frentista, en una zona semiurbana del oeste del conurbano se pagan tarifas de 20 o 30 pesos por los servicios de vigilancia.

Con la intención de controlar los preocupantes niveles de informalidad, el gobierno bonaerense presentó un proyecto de ley que apunta centralmente a mejorar la fiscalización de los servicios de vigilancia vecinal.

Las sanciones para los que incumplan la normativa alcanzará a los usuarios del servicio que serán considerados "solidariamente responsables" por cualquier daño a terceros provocado por la acción de los agentes contratados, e incluso podrán ser multados con el pago de hasta diez salarios de un vigilador por contratar agentes no registrados oficialmente, permitir que use armas o no brindar condiciones adecuadas para actuar ante una emergencia, mientras que las sanciones para los guardias que infrinjan la futura ley pueden llegar a la inhabilitación de hasta 10 años para ejercer la actividad.

Para los representantes de la actividad privada, contar con una nueva ley es, en principio, una noticia auspiciosa. Sin embargo, desde Caesi, principal cámara del sector, objetaron más de 20 artículos del proyecto oficial. Aquiles Gorini, presidente de la entidad, manifestó su temor por lo difuso de algunos pasajes del texto. "En realidad, no sabemos si va a ser efectivo o un engendro político. Nosotros lo que queremos es que se aplique una nueva legislación para perseguir a los que están en infracción", señaló.

Por Pablo Morosi
Corresponsal en La Plata

 

 

 

 

 

 

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