DECLARAN NULA LA LEY ESPIA

Espionaje telefónico
La Justicia pone freno al Estado, pero aumentan las denuncias


Esta semana se declaró inconstitucional la ley que autorizaba al Gobierno a guardar por 10 años todas las conversaciones de los argentinos. Pero la privacidad igual parece vulnerable. El Consejo de la Magistratura y la Legislatura porteña dicen que tienen los teléfonos intervenidos.

Gerardo Young. gyoung@clarin.com
Antes que el espionaje oficial, antes incluso que la seguridad, está el derecho a la privacidad de los ciudadanos. A esa conclusión debió llegar el martes último la Justicia, para poner fin —o al menos un fuerte freno— a la pretensión de la Secretaría de Inteligencia y parte del Gobierno de aumentar su poder de intromisión en los teléfonos y computadoras de los argentinos.
La decisión que la Cámara en lo Contencioso Administrativo tomó el martes, consistió en declarar inconstitucional la Ley 25.873, sancionada a fines del 2003 en una sesión trasnochada del Congreso, sin previo debate parlamentario. De acuerdo con esa Ley Espía —como se la bautizó— el Estado iba a poder almacenar durante diez años las conversaciones telefónicas y el tránsito por el ciberespacio —Internet, correos electrónicos— de todos los argentinos, para, eventualmente, poder usar esa información en investigaciones penales. Implicaba un verdadero avance, ya que hoy la SIDE ni siquiera está autorizada a violar las comunicaciones por correo electrónico, salvo con expreso pedido de un juez para un caso específico.
El freno a esa avanzada oficial sobre la intimidad se da en un contexto curioso. En el último mes, llegaron a la Justicia federal dos denuncias sobre supuesto espionaje en seis organismos públicos de los tres poderes del Estado. En la Legislatura porteña y en el Consejo de la Magistratura están impulsando investigaciones judiciales que no apuntan en principio a organismos del Estado, sino a espías privados o incluso internacionales. La privacidad se ha visto de pronto cotizada y vulnerable (ver página 36).
La polémica sobre los límites del control del Estado recorre al mundo occidental desde el atentado a las Torres Gemelas en setiembre del 2001. Aquí fue la Ley Espía la que sacudió las bibliotecas, presentada como un intento por combatir "el flagelo de la delincuencia", para lo cual, según el argumento oficial, nada mejor que contar con archivos que almacenen todas las comunicaciones de los argentinos, entre quienes, además de la mayoría honrada, se encuentran quienes en algún momento van a delinquir.
Cuando en abril de este año trascendió el plan del Gobierno para poner en funcionamiento la ley, se desató una polémica que obligó al presidente Kirchner a suspender su puesta en marcha. De todos modos, como resaltó el fallo judicial del martes, eso no dejaba de ser más que una suspensión y la ley seguía vigente.
Las camaristas Inés Garzón de Conte Grand y Marta Herrera fueron contundentes en su fallo del martes. Llegaron a decir que el combate contra la delincuencia "no puede ser efectuado a costa de convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo". Criticaron también al Congreso, por haber sancionado sin debate una ley "que daba pie a potenciales abusos" contra un derecho esencial del sistema democrático.
El planteo contra la Ley Espía llegó a la Justicia a pedido de la Cámara de Empresas de Internet. Pero el Gobierno no se quedó quieto. Durante el proceso, en defensa del Estado actuaron abogados del Ministerio de Economía, a través de quienes el Gobierno siguió defendiendo la ley hasta hoy. Lo hicieron con los mismos argumentos que cuando se sancionó la ley: invocaron el supuesto interés general (la seguridad) por encima del particular. Las juezas respondieron: "En un régimen republicano hay veces que la concreción de la necesidad pública estará dada justamente por el respeto estricto del interés privado de cada ciudadano".
¿Apelará el Gobierno el fallo de la Cámara? ¿Intentarán llevar la discusión hasta la Corte Suprema? En la SIDE se muestran más tentados de intentar con otra ley, acaso menos polémica que la 25.873. Lo mismo ocurre en el Congreso, donde Kirchner cuenta con uno de sus principales hombres, Osvaldo Nemirovsci, al frente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, encargada de estos temas. Los asesores de Nemirovsci le anticiparon a Clarín que el diputado está a favor de una Ley Espía, aunque lograda con mayor consenso.
No sólo en la Argentina se discute esto. En Estados Unidos los organismos oficiales de seguridad pueden guardar las conversaciones telefónicas y el tráfico por Internet de sus ciudadanos durante un año, diez veces menos que el plazo pretendido por la SIDE. Eso sí: después del atentado a las Torres Gemelas, con la famosa Ley Patriótica que votó el Congreso estadounidense, pueden hacer el espionaje incluso sin permiso judicial.
También se debate en Europa. La última semana de noviembre, el Parlamento Europeo autorizó a sus países a almacenar información digital y telefónica de sus ciudadanos por un plazo de entre seis meses y dos años. La tecnología, está visto, alcanza y sobra para hacerlo. Lo que se discute es la decisión política.
Donde esperaban con más ansiedad la puesta en marcha de la Ley Espía era obviamente en la SIDE, el organismo que ejercita esas herramientas. La SIDE hoy tiene capacidad tecnológica para registrar conversaciones y hasta el tránsito por Internet, pero sólo con una ley de respaldo podrían transformar esa información en una prueba judiciable.
La Secretaría de Inteligencia viene jugando sus cartas. Lleva ya veinte meses sin pagarles a las empresas telefónicas el costo de las actuales escuchas telefónicas, como forma de presión para que la ley salga de uno u otro modo. Las telefónicas, por su parte, son beneficiarias directas del fallo contra la Ley Espía, ya que de acuerdo a esa ley debían hacerse cargo de la inversión que suponen los programas informáticos capaces de almacenar tanta información (ver Pelea...)
Pero el debate no terminará acá, ya que los reclamos de la SIDE seguramente encontrarán de un modo u otro algún eco oficial. En los informes elevados al presidente Kirchner para impulsar la Ley Espía, la Secretaría de Inteligencia alertó sobre lo obsoleto que resulta el actual sistema de escuchas telefónicas. La SIDE tiene una capacidad operativa de escuchar en forma simultánea hasta 7.200 conversaciones telefónicas. Aunque parezca mucho —y lo es—, el sistema muchas veces colapsa, o eso dicen en la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría, la encargada de capturar las escuchas, a los jueces que reclaman más y más intervenciones.
El otro problema es la falta de celeridad para intervenir teléfonos. Hoy son las empresas telefónicas las que interfieren una línea y le envían una copia a la SIDE para que sea escuchada. Ese proceso, dicen, a veces lleva demasiado tiempo. Argumentan que en un caso delicado, como un secuestro extorsivo, el tiempo puede significar el tránsito entre la vida y la muerte.

 

 

 

 

 

 

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