La verdad tiene precio: estalló la fiebre de las recompensas



Pablo Calvo.
pcalvo@clarin.com

Entre un crimen irresuelto y la estela fugitiva de la verdad, el Estado exhibe su billetera y se muestra dispuesto a comprar información con un despliegue nunca visto desde el retorno democrático. Las ofertas de recompensas brotan a la velocidad de la injusticia, pero también los fabricantes de mentiras que aspiran a quedárselas, con historias de cartón. Ya hay más de 70 expedientes en los que acercar datos decisivos puede significar buen dinero. Por lo menos 5,5 millones de pesos están a disposición de quienes sepan cómo desanudar la investigación por el atentado a la AMIA, dónde encontrar a Jorge Julio López, qué pasó realmente con Luis Gerez. También se paga por el rastro de criminales, policías prófugos, violentos del fútbol y hasta de un desaparecido de la época de Isabel Perón.
Los montos se establecen de manera discrecional. La recompensa por encontrar a López, testigo clave del juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz, pasó de 50 mil a 200 mil pesos en setiembre y a 400 mil pesos en octubre, ante la falta de resultados. La que se ofrecía por el paradero del militante kirchnerista Gerez llegó a 400 mil pesos sin escalas, se decidió en horas, por la conmoción inicial del caso, y no duró ni un día, porque el albañil de Pilar apareció al anochecer de ese 29 de diciembre. Desde hace una semana rige otra, de 100 mil pesos, pero por datos "veraces y determinantes" que lleven hasta los secuestradores.
"Una vida vale alrededor de 50 mil pesos", estimó uno de los estrategas que perfecciona el sistema en la provincia de Buenos Aires. Es un parámetro subjetivo, que los funcionarios modifican de acuerdo al voltaje político del caso. Un rastreo que hizo Clarín sobre los diarios de los últimos dos años permite poner en duda esa referencia: se publicaron al menos siete avisos con recompensas de 200 mil pesos cada una. También hubo por 100 mil y 70 mil pesos, en una escala despareja, con un piso que baja hasta los 5.000 pesos. No todas las vidas valen lo mismo y no todos los casos son prioridad para el poder.
Como sucedió con López, el caso de la joven estudiante Florencia Pennachi, desaparecida en la zona de Palermo el 16 de marzo de 2005, mostró las variaciones que puede tener un incentivo económico. Al comienzo, los familiares y amigos de Florencia decidieron ofrecer 10 mil pesos, pero la búsqueda no daba frutos. En noviembre pasado, el Gobierno nacional publicó un aviso por 50 mil pesos. Y tan sólo un mes después, la recompensa oficial trepó a 100 mil pesos. Hasta ahora, no resultó.
¿Cuántas recompensas se pagaron ya? Según documentos oficiales consultados por Clarín , el presidente Néstor Kirchner liberó el pago de la primera recompensa efectiva de su mandato el 5 de diciembre pasado. Fueron 200 mil pesos y se destinaron al informante que llevó a la captura de uno de los acusados de secuestrar al joven correntino Cristian Schaerer, en setiembre de 2003. Siguen vigentes recompensas similares por la captura de otros dos integrantes de la banda, que cobraron 274 mil dólares de rescate, pero nunca liberaron al muchacho.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que dispone de un millón de pesos por año para estos pagos, ofrece en la actualidad 47 recompensas y ya lleva abonadas ocho. La más conocida es la que se pagó por esclarecer el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas (300 mil pesos), principal antecedente del sistema actual. Se argumentó entonces que "la capacidad de respuesta convencional de los instrumentos legales diseñados para la persecución de delitos de carácter gravísimo, en algunas oportunidades, es limitada por el manto de silencio generado por los propios delincuentes, con el propósito de asegurar la virtual impunidad", según un decreto firmado en 1998 por el gobernador de esa época, Eduardo Duhalde. Otra recompensa pagada fue la que se fijó en la causa por el crimen de Axel Blumberg (200 mil pesos). Las otras seis, por otros 300 mil pesos en total, ayudaron a capturar a policías de la "Bonaerense" acusados de distintos delitos.
La eficacia es materia de debate. En Córdoba, por ejemplo, se atribuye la solución de tres causas complicadas a los anuncios de las respectivas recompensas: la del violador serial que, hace dos años, cercado por la policía, finalmente se suicidó; la de un policía que estaba prófugo por un crimen de 1990 y terminó capturado 15 años después; y la de un hacendado de Villa María acusado de matar a su esposa y detenido en setiembre pasado.
En el 90 por ciento de los casos, sin embargo, las investigaciones no avanzaron. Voceros del gobierno provincial aseguraron a Clarín que al menos dos personas se presentaron para reclamar la recompensa por el paradero de López, pero resultaron ser "fabuladores". Y que en los últimos tres años llegaron "varios mensajes pidiendo dinero a cambio de información reveladora" sobre la voladura de la AMIA, que tampoco tenían sustento, según comprobó la Justicia. Esta recompensa es la más alta de las que están en vigor, con 3.000.000 de pesos, y es la única que sobrevive de la época de Carlos Menem, quien en 1994 creó un Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo Internacional de 2.000.000 de pesos y, en 1996, lo elevó en 1.000.000. Nada de esto ayudó a saber la verdad.
Hubo incluso una experiencia desprolija con las recompensas, detectada por Clarín en octubre. Sucedió que un supuesto arrepentido, que dijo haber participado de la represión ilegal, pidió plata para contar toda la verdad sobre el secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, 13 días antes del golpe militar de 1976, durante el gobierno de Isabelita . Treinta y ocho días después de esa confesión, y a más de 30 años del hecho, el Gobierno nacional estableció una recompensa de 50 mil pesos "considerando que en el presente estado de la causa surgen indicios acerca de la existencia de testigos presenciales de la privación ilegítima de la libertad del ex gobernador, que estarían dispuestos a prestar declaración testimonial". Un pago que parecía a medida. ¿Se pretendía resolver una causa por derechos humanos pagándole a un represor? La receta no funcionó: nadie puede cobrar si estuvo involucrado en el delito investigado.
A nivel nacional, el Ministerio del Interior administra el Fondo Permanente de Recompensas, que al momento de su creación, en 2004, disponía de un presupuesto de 1.500.000 pesos anuales. Además de los casos de Ragone, Cristian Schaerer y Florencia Pennachi, la Casa Rosada ofrece hoy dinero por encontrar a la maestra tucumana Angela Beatriz Argañaraz (100 mil pesos), desaparecida el 31 de julio pasado en la capital de su provincia. También por ayudar a capturar a "Lucas González y/o Carrizo" (100 mil pesos) un integrante de la banda delictiva conocida como "Los Gardelitos" que está acusado de matar a su ex novia María Fernanda Chaila.
"Hubo varios llamados interesados por la recompensa, se investigaron todos, incluso hicimos allanamientos y encontramos a un primo de 'Carrizo' con cuatro armas, pero hasta ahora no hemos podido detener al que buscamos", señaló a Clarín el comisario Humberto Ruezga. Este es otro de los casos donde la fiebre de las recompensas subió de golpe unas líneas más: el gobierno tucumano ofrece de su presupuesto 15 mil pesos más, así que el que colabore se quedará con 115 mil pesos.
Según las leyes bonaerenses, está contemplado que los particulares hagan su propia colecta y sumen lo recaudado a la recompensa oficial, pero la cuenta del Banco Provincia que se abrió para eso siempre estuvo en cero. Lo que sí ocurre es que se establecen recompensas privadas, sin apoyo del Estado (ver aparte).
Además del fondo nacional y del sistema bonaerense, las provincias cuentan con sus propios mecanismos de incentivo que, luego de una instrumentación inicial imperceptible, hoy se muestran activos.
Hace cinco días, el gobierno de Mendoza ofreció 50 mil pesos para quienes acerquen "datos fidedignos" que revelen dónde está Mauricio Echegaray, principal sospechoso del crimen de un psicólogo y su paciente en julio pasado. En octubre, el gobierno de Salta también estableció una recompensa de 50 mil pesos para los que ayuden a esclarecer el asesinato a puñaladas de la productora rural Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de setiembre pasado en la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Fuentes judiciales no descartan que el narcotráfico tenga vinculación.
El 22 de diciembre pasado, al cumplirse 10 años del crimen del hincha de Independiente Christian Rousoulis, luego de una pelea entre barrabravas en Avellaneda, apareció la primera recompensa por un caso de violencia en el fútbol. Pedía "información fehaciente" para detener al asesino, que sería, dice el aviso "hincha de River".

 

 

 

 

 

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